“No podemos consentir que sigan jugando con los derechos y los recursos de todos los españoles”, concluye el escrito con el que los alcaldes y concejales del principal partido de la oposición quieren “reiterar” su “compromiso con la igualdad de todos los españoles”, que está “seriamente comprometida por las decisiones injustas y arbitrarias que el PSOE” ha adoptado “para lograr los votos independentistas que garanticen su continuidad en el Gobierno de España”.

Los regidores hablan en el documento de “una grave alteración de las reglas del juego democrático” causada tanto por la ley de amnistía —que el martes se debatirá en el Pleno del Congreso— como por “el resto de privilegios que el independentismo está imponiendo como condición para sacar adelante las votaciones en el Congreso de los Diputados”.

En línea con las declaraciones de Feijóo, consideran que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “ya no sitúa el interés general por encima de todo, sino que antepone las exigencias con las que las formaciones separatistas le vayan extorsionando en cada momento”.

Por ello, quieren manifestar su “profunda preocupación por la degradación institucional” que atraviesa España porque consideran “que supone un flagrante deterioro” del Estado de derecho, “ataca los principios constitucionales más básicos y compromete la viabilidad de todos los niveles de administración del Estado, incluido el municipal”.

“Para continuar en el poder, el PSOE y todos aquellos partidos cuyo objetivo es liquidar nuestra nación han colocado a España en uno de los momentos más graves de nuestra historia reciente: se desprotegen los derechos y libertades fundamentales, se cercena el principio de separación de poderes y se acaba con la igualdad de los españoles y la solidaridad entre territorios a cambio de un puñado de votos”, reza el texto.

“Nuestro principal deber como representantes de la ciudadanía en los ayuntamientos es defenderles frente a todo esto, ya que conceder prerrogativas a unos pocos ciudadanos implica que aquellos a los que nosotros nos debemos sean discriminados. No podemos aceptar que el mismo presidente de nuestro país tome medidas que crean ciudadanos de primera, que gozan de impunidad jurídica y de privilegios económicos y competenciales, mientras el resto se convierten en ciudadanos de segunda. Exigimos que todos los españoles seamos libres e iguales”, prosigue.

Con todo ello, los 3.361 alcaldes —que gobiernan al 46,5 por ciento de los españoles en los ayuntamientos—, “así como los 23.421 concejales con los que el Partido Popular cuenta en España”, solicitan a Feijóo “que active todos los recursos políticos y jurídicos para que la acción ejecutiva, legislativa y judicial a nivel nacional no se ponga al dictado de los partidos independentistas”.

LEY “INMORAL”

El manifiesto recoge “tajantemente” su oposición a que “la extorsión del independentismo determine en última instancia las decisiones adoptadas por el Ejecutivo central y el sentido del voto de los partidos que sustentan el Gobierno de coalición, tal y como está ocurriendo de manera evidente en los primeros meses de esta legislatura”.

El escrito exige también al Gobierno y al PSOE que acaben con “el secretismo” que ha caracterizado a las negociaciones con sus socios sobre asuntos “esenciales” para la economía y el bienestar de los ciudadanos. “El conjunto de las administraciones y de las formaciones políticas tenemos derecho a participar del debate y de la toma de decisiones en los temas que nos afectan a todos. Los servicios públicos y la igualdad de los españoles ante la Ley no pueden ser moneda de cambio para blindar la Presidencia de Pedro Sánchez”, incide el texto.

Asimismo, los alcaldes del PP expresan su rechazo a la Ley de Amnistía porque es “injusta e inmoral” y “rompe el principio de separación de poderes al anular sentencias e investigaciones judiciales”. También advierten de que nace de “un engaño masivo a los españoles” porque el PSOE negó la posibilidad de esta medida de “forma constante y unánime” antes de las elecciones generales.

DELITOS DE TERRORISMO

Asimismo, los alcaldes subrayan su “desolación” con la enmienda pactada entre PSOE, Junts y ERC para incluir en la amnistía los delitos de terrorismo que no supongan “violaciones graves” de los derechos humanos, una conducta “opuesta a los valores innegociables en cualquier Estado democrático moderno”.

Por ello, reclaman que no existe “terrorismo bueno” y “malo” y que todo acto terrorista “sea investigado y condenado”. “Creemos que modificar o derogar el Código Penal a la carta para beneficiar a determinadas personas es una forma de corrupción política que perjudica la confianza en las instituciones y crea un sentimiento de agravio e injusticia a la población que resulta insoportable, apostillan.

Por último, defienden la separación de poderes y la independencia judicial, y rechazan” tanto las decisiones que usurpan sus funciones como las declaraciones de representantes políticos, incluidos miembros del Gobierno de España, que están poniendo en cuestión y señalando a jueces por sus decisiones”.