El TJUE se pronunció hoy sobre un caso español que enfrenta a tres trabajadoras con la Dirección General de la Función Pública, adscrita al Departamento de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña y al Departamento de Justicia de la Generalitat, en relación con la calificación de la relación de trabajo que vincula a las interesadas con la administración pública correspondiente.

Las trabajadoras alegan haber ejercido, durante todos los años de actividad en el seno de la Administración de Justicia de Cataluña, “funciones idénticas a las de los funcionarios en que se hallan en una situación comparable y, por tanto, haber respondido a necesidades que no son temporales, urgentes y excepcionales, sino ordinarias, duraderas y permanentes”. Por ello solicitan que se declare que dicha Administración “ha hecho un recurso abusivo a sucesivos contratos o relaciones de trabajo de duración determinada, en contra del Acuerdo Marco”.

Según ellas, puesto que el derecho español no prevé una medida que permita sancionar ese abuso en el sector público, la sanción que debería aplicarse sería la transformación de su relación laboral en una relación laboral por tiempo indefinido, a través de la adquisición del estatuto de funcionario o, con carácter subsidiario, mediante la transformación de la relación laboral de duración indeterminada en una relación de trabajo por tiempo indefinido, comparable a la de los funcionarios.

Como última posibilidad, piden que la Administración en cuestión les reconozca el derecho a mantenerse en los puestos que ocupan actualmente, como titulares del mismos. También solicitan el pago de 18.000 euros o de una cantidad apropiada, como sanción por el recurso abusivo a sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada del que alegan haber sido víctimas.