El TJUE emitirá este jueves una sentencia sobre el caso de tres trabajadoras. Los litigios nacionales oponen a tres trabajadoras con la Dirección General de la Función Pública, adscrita al Departamento de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña y al Departamento de Justicia de la Generalitat, en relación con la calificación de la relación de trabajo que vincula a las interesadas con la administración pública correspondiente.

La justicia europea se pronunció en febrero sobre un caso español que enfrentaba a tres trabajadores con la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y a la Agencia Madrileña de Atención Social de la Comunidad de Madrid.

El TJUE sentenció entonces que el Acuerdo Marco europeo sobre el trabajo de duración determinada se oponía a una normativa nacional que no prevé medidas relativas a razones objetivas que justifiquen la renovación de contratos de interinos, la duración máxima total de sucesivos contratos de trabajo y al número de sus renovaciones, ni “medida legal equivalente” alguna para evitar la utilización abusiva de contratos indefinidos no fijos. Por ello, señaló que “la conversión de esos contratos temporales en contratos fijos puede constituir tal medida” para prevenir dichos abusos.

Este pasado martes, la Asociación Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos (Ansiti) consideró que el TJUE reproducirá el jueves en su sentencia el posicionamiento expuesto en febrero respecto a que los interinos deben convertirse en fijos.

La asociación afirmó que “ninguna duda cabe” de que los pronunciamientos de la sentencia que el TJUE dio a conocer el pasado mes de febrero, considerando que los interinos en España con contratos prorrogados sucesivamente deberían ser fijos, “serán reproducidos” este jueves.

De esta forma, “su aplicación a todos los funcionarios interinos que están en una situación de abuso en su contratación temporal pondrá fin a una situación absoluta y manifiestamente injusta”, según la asociación.