La querella criminal, que consta de 161 págnas, atribuye a todos ellos un delito continuado contra la seguridad colectiva, en su modalidad de delitos relacionados con la energía nuclear y las radiaciones ionizantes, al haber creado una situación de riesgo no deseado, y otro delito contra el medio ambiente, penado en los artículos 325, 326 y otros del Código Penal, al haber generado paralelamente un riesgo contra la fauna, la flora y el ecosistema del entorno.

Según informó a Servimedia el alcalde del municipio de Los Barrios (Cádiz), Alonso Roas, ambos son delitos de riesgo, punibles aunque no se hayan materializado, pero además en el segundo caso sí se ha producido un resultado lesivo, "porque está reconocido que al menos 200 litros de agua altamente contaminada procedente del circuito primario de refrigeración del reactor fueron vertidos en el Mediterráneo". Agregó que este tipo de vertidos ocasionan isótopos radiactivos que tienen una duración de 25.000 años.

Además, al presidente del Gobierno y a los ministros españoles de Asuntos Exteiores y de Defensa se les acusa de un delito de traición, que en el nuevo Código Penal se define como aquel que comete un ciudadano español que, con el propósito de favorecer a una potencia extranjera (en este caso el Reino Unido), oculta, manipula y falsea información clasificada como reservada y que afecta a la defensa y a la seguridad colectiva nacional.

En la Plataforma Ciudadana contra el "Tireless" están integradas diversas organizaciones ciudadanas y sociales, así como ayuntamientos de la Mancounidad de Municipios del Entorno de Gibraltar, de la que Alonso Rojas es vicepresidente.