TERRORISMO. PP Y PSOE TENDRAN MAS RECURSOS DEL ESTADO E IMPEDIRAN QUE BATASUNA SE FINANCIE CON SUBVENCIONES PUBLICAS

- El PP advierte al PNV que es "hipócrita" mantener el diálogo con quienes amparan o justifican el terrrorismo y ser responsable de la seguridad de los amenazados en el País Vasco

- PP y PSOE prevén presentar prposiciones de ley de modifiquen 6 textos legales antes de las vacaciones de verano

MADRID
SERVIMEDIA

La comisión técnica del Pacto Antiterrorista celebró hoy su tercera reunión, en la que acordó, entre otras reformas, asignar más recursos económicos públicos a los partidos objeto de amenaza terrorista e impedir que Batasuna y cualquier otro tipo de organización que ampare, justifique o respalde acciones terroristas tenga acceso a subvenciones públicas.

Todas las medidas acordadas en lareunión de hoy, que se prolongó por espacio de dos horas, serán tramitadas como proposiciones de ley conjuntas del PP y el PSOE en el Congreso de los Diputados. Según las previsiones de ambos partidos, las iniciativas, que supondrán modificaciones en 6 leyes, podrían presentarse a lo largo del presente mes o en julio, con posterioridad a una reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiterrorista, que les dará el visto bueno.

A la reunión asistieron, en representación del Gobierno, el secretari de Estado de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga, y en nombre del PP, el portavoz en el Senado, Esteban González Pons, la responsable de política municipal, Rosa Romero, y el dirigente vasco Carlos Urquijo. Por parte del PSOE estuvieron el secretario de Política Municipal, Alvaro Cuesta, y el responsable de seguridad de los socialistas vascos, Víctor García Hidalgo.

Esta es la tercera reunión de la comisión técnica del Pacto Antiterrorista, que trata de acordar medidas para mejorar la seguridd de los cargos del PP y el PSOE en el País Vasco. La primera se celebró el pasado 13 de marzo y en ella se estudió la posibilidad de que el Consejo de Ministros pudiera acordar la disolución de aquellas corporaciones locales que den apoyo a los violentos, exalten las acciones terroristas o humillen a las víctimas.

Uno de los objetivos principales de la reunión de hoy era acordar medidas para afianzar la seguridad de los concejales y cargos públicos en el País Vasco. Para ello, se acordó abrir un forode diálogo permanente entre los partidos y el Ministerio de Interior, para actualizar constantemente las medidas de seguridad y estudiar individualizadamente cada caso.

En este sentido, se modificará la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de manera que los policías locales o autonómicos que desempeñen tareas de escolta puedan salir, acompañando a su protegido, fuera sus ámbitos territoriales.

MAS DINERO

Además, se asignarán más medios económicos a los partidos que necesitan especiles condiciones de seguridad y que a causa de ello incurren en gastos adicionales en el desarrollo de su actividad políticaen el País Vasco y Navarra.

Para evaluar sus necesidades se exigirá al PP y al PSOE que elaboren un informe "riguroso" de los gastos derivados de esta circunstancia y se destinará una partida presupuestaria específica para cubrir sus necesidades. Esta medida será de aplicación en los Presupuestos Generales del Estado de 2003. Ambos partidos consideran que al tratarse de dinero púbico se establecerán criterios de rigor y transparencia en las dotaciones.

Se abordarán cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de manera que los ayuntamientos puedan personarse en los procesos penales derivados de delitos o faltas cometidos contra concejales de fuerzas políticas democráticas por apología de terrorismo o terrorismo. Igualmente, se pretende impedir en las corporaciones locales con mayoría de fuerzas democráticas que los concejales que no condenen el terrorismo ostenten ningún tipode responsabilidad municipal fuera de su condición de concejal.

El acuerdo prevé la tipificación como delito de las acciones que impidan a los ediles acceder a los ayuntamientos y se establecerá una nueva normativa para la sustitución de concajales cuando se agote una lita municipal. Así, se suprimirá la obligatoridad de presentar tres suplentes en las listas y, en caso de que se presenten, los partidos podrán incluir 10 nombres y no 3 como está establecido en la actualidad. Si la candidatura oficial e agota, incluidos los suplentes, las vacantes podrán cubrirse a propuesta del partido representado.

Además, se eliminará el requisito de residencia para los interventores electorales, de manera que los partidos puedan designar interventores de otras circunscripciones distintas a las que pertenezcan como electores y mejorar así los mecanismos de "control" del proceso electoral en el País Vasco.

INELEGIBILIDAD

PP y PSOE han acordado también que ninguna persona condenada, incluso cuando la sentenia no sea firme, por delitos de rebeldía contra las instituciones del Estado o de terrorismo puedan presentarse a unas elecciones y ser elegidas, mediante la modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.

Elorriaga afirmó la constitucionalidad de esta norma y explicó que una limitación semejante existe ya en la legislación española para las personas condenadas por delitos de sangre, aún cuando la sentencia no sea firme. En este sentido, se mostró convencido de que no habrá problemas de nconstitucionalidad, puesto que la norma antes citada ya pasó "todos los filtros" en esta materia. Tampoco los administradores electorales podrán ser personas condenadas por los dos supuestos citados anteriormente.

Otro imporntante aspecto del acuerdo alcanzado hoy es la nueva regulación de las subvenciones por gastos electorales, de manera que queden excluidos todos los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones electorales que con su actividad promuevan, aliente o justifiquen el terrorismo ohumillen a las víctimas. Esta es una norma complentaria de la establecida en la Ley de Partidos Políticos, que sólo limita la financiación a las organizaciones con forma jurídica de partido.

La retirada de subvenciones tendrá que adoptarse a iniacitiva de la institución pagadora, que en unos casos puede ser el Estado, o la comunidad autónoma o las diputaciones forales. En caso de que el gobierno autónomo se resista a la aplicación de esta norma, PP y PSOE presentarán iniciativas en ese sentido en el Prlamento vasco o en las instituciones correspondientes.

HIPOCRESIA

Tanto Cuesta como González Pons se mostraron "satisfechos" por el acuerdo alcanzado y expresaron su deseo de que el proyecto consiga el mayor consenso posible. En este sentido, aseguraron que están abiertos al diálogo con otras fuerzas políticas, incluido el PNV.

El portavoz popular lanzó una advertencia al Gobierno vasco, al que espetó "no se puede mantener interlocución o diálogo con las fuerzas que legitiman el terrorismo y, imultáneamente, hablar de medidas para combatir a ETA y de la seguridad de los concejales". No es posible, en su opinión, "sentarse a un lado de la mesa" con quienes amparan la violencia y, al otro lado, con las víctimas. "O se hace una cosa, o la otra", sentenció.

Así, González Pons llamó expresamente al PNV e IU a que se sumen al consenso para aprobar estas medidas que tienen por objeto reforzar la democracia y garantizar la participación política de los ciudadanos, puesto que lo contrario es "un sisentido, una sinrazón y una actitud hipócrita".

Por su parte, Cuesta insistió en que el objetivo final de estas medidas es "impedir que los terroristas y quienes les apoyan pueda aprovechar los intersticios de la ley para dinamitar la democracia, la libertad y la rpresentación política", en definitiva, se trata de hacer "más inmune" la democracia.

A juicio de los socialistas, el sistema de libertades sale "más fortalecido" de la reunión de hoy, una fortaleza que el PSOE aspira a apuntalar con la uma de otros partidos a este acuerdo. Cuesta se mostró dispuesto a que otras formaciones hagan las aportaciones que crean pertinentes y aseguró que estarán abiertos a introducir mejoras durante el trámite parlamentario de estas normas.

El portavoz del PP expresó la satisfacción del PP por este acuerdo, que "refleja las buenas relaciones en la lucha antiterrorista" con el PSOE, así como la "vitalidad del Pacto Antiterrorista y su extraordinario estado de salud".

Subrayó la necesidad de "afianzar l democracia" a nivel municipal, "garantizar libertad" y luchar contra el terrorismo, porque "el ejercicio de la democracia debe ser tolerante, comprensivo, aceptar incluso las ideas que vayan en contra" del propio sistema, pero no debe permitir que "quienes luchan contra la libertad ganen la partida".

Para ello, hay que dejar "aislados institucionalmente a los cómplices de los terroristas, a los que les justifican y legitiman o comprenden", para lograr que quienes "lo tengan difícil" para desarrollar us funciones políticas sean ellos, y no los que defienden la democracia.

(SERVIMEDIA)
05 Jun 2002
S