UGT y CCOO se oponen a la privatización total de Telefónica de España por parte del Gobierno, por entender que la opración supondrá la pérdida de la capacidad real de dirigir y orientar el desarrollo de un sector estratégico como el de las telecomunicaciones.

A su juicio, esta decisión política está en contradicción con los criterios seguidos por los países de nuestro entorno, incluidos los que cuentan con gobiernos de derecha o centro-derecha. A este respecto, recuerdan que la privatización de las operadoras de Francia o Alemania, por ejemplo, dejarán en manos públicas más del 50 por ciento.

Los sindicatos reuerdan también que el artículo 2 de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones establece textualmente: "Las telecomunicaciones tienen la consideración de servicios esenciales de titularidad estatal reservados al sector público".

En su opinión, los riesgos de una orientación mercantilista en telecomunicaciones son evidentes, entre ellos:

- La ralentización del desarrollo de las nuevas redes y servicios en zonas rurales de baja densidad de población o de difícil orografía.

- La falta de atnción a las redes ya existentes cuyo mantenimiento sea muy costoso por su situación geográfica.

- Discriminación territorial y social de las tarifas telefónicas en función de la competencia y del nivel adquisitivo de los usuarios.

- Aumento de la presión tarifaria sobre colectivos con menor capacidad económica (aumento de las cuotas de conexión, abono mensual, tarifas locales, etc.).

- Impacto sobre la cantidad y la calidad del empleo en el sector.

Por ello, los sindicatos entienden quees una grave irresponsabilidad política privatizar totalmente Telefónica antes de tener definido el marco regulador del sector. Además, consideran una burla política y un ejemplo de opacidad la decisión del Gobierno de explicar en el Parlamento la privatización después de haberse lanzado la Oferta Pública de Venta (OPV).