CCOO considera que no se ha respetado la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones respecto a la titularidad pública de los servicios esenciales de telecomunicaciones, al igual que la Ley de Patrimonio, que no permite al Estado desprenderse de más de un 10% de las acciones en un mismo año.

La admisión a trámite del recurso por parte del Supremo supone que este organismo estudiará la legalidad o no de la decisión tomada por el Gobierno, lo que a juicio de la central significa que al mens existe alguna duda razonable sobre la legalidad de la privatización. En el recurso también se solicitaba la suspensión cautelar de la OPV.

Comisiones asegura que tanto la suspensión cautelar de la OPV -en caso de que se produjera- como una posible decisión posterior que declarara ilegal la privatización no sólo colocaría al Gobierno en una delicada posición, sino que conllevaría graves perjuicios para Telefónica, tanto de imagen como económicos.