Gámir señaló a esta agencia que, a falta de conocer los detalles de la documentación recibida, el Consejo deberá analizar la selección de los bancos que figuran en el denominado "núcleo duro" de accionistas de Telefónica (BBV, Argentaria y La Caixa), para qe lleven el peso de la colocación. Morgan Stanley tendrá como cometido coordinar la colocación en el extranjero.

"Este es un tema a estudiar con mucho cuidado", dijo Gámir, "porque entra en las cometidos del Consejo estudiar las garantías de libre concurrencia con las que se lleva a cabo la operación, y analizar posibles conflictos de intereses que puedan surgir por el hecho de figurar entre los colocadores las entidades que ya están en el 'núcleo duro' de Telefónica".

"Tendremos que destinar algn tiempo a estudiar este asunto", añadio el presidente del Consejo de Privatizaciones, "que además apuntó como elemento decisivo el sistema de venta que se planteé".

Una vez recibida la documentación por parte de la SEPPA, el Consejo de Privatizaciones dispondrá de un plazo legal de 15 días para emitir su dictamen, que no es vinculante para el Gobierno, el cual, una vez analizado dicho informe, procederá a autorizar la operación de venta en Consejo de Ministros y a remitir el folleto correspondiente ala Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El 21% del capital de Telefónica que el Gobierno va a privatizar equivale a 197 millones de acciones de la compañía, lo que puede suponer para el Estado, al precio marcado por la operadora en el último cierre, unos ingresos de 540.000 millones de pesetas.

El último cambio marcado en la bolsa por Telefónica (2.740 pesetas por 'matilde') representa un nuevo máximo histórico, con una revalorización de 50 pesetas por acción que en términos relativosequivalen a un 1,86%.