El portavoz socialista afirmó que "este decreto ley es el primer pago de una hipoteca que tiene el Gobierno con poderes y grupos financieros".

Para justificar esta acusación, García Arreciado afirmó que carece de sentido restringir a Telefónica en su capacidad de competir y que sólo se explica por el deseo del Gobierno de atender intereses particulares, o que ha inquietado bastante a los potenciales inversores internacionales.

Las palabras del diputado socialista provocaron la respuesta contundente del ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, quien recordó los constantes apoyos de la banca al PSOE a comienzos de los años 80.

García Arreciado abundó en sus críticas, argumentando que "no ha habido ningún Botin en la historia de la democracia que haya dicho a nuestro Gobierno lo que tiene que hacer, ni cuándo, ni cómo".