El Alto Tribunal estudia si se han vulnerado los derechos de estos seis magistrados recogidos en los artículos 6 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En concreto, respecto al derecho de estos seis magistrados a un proceso judicial dentro de un plazo razonable, dado que el Tribunal Constitucional rechazó de plano sus recursos de amparo que presentaron en 2021.

En una resolución dictada el 2 de mayo, Estrasburgo requiere al Gobierno español para que presente una exposición de hechos junto con sus observaciones sobre la admisibilidad y el fondo de las denuncias presentadas por los seis magistrados, apoyados por la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, a la que pertenecen. El TEDH da de plazo al Ejecutivo español hasta el 15 de septiembre de 2022 para presentar sus alegaciones.

Estos seis magistrados recurrieron al TEDH el pasado octubre para denunciar la inactividad de las Cortes Generales en el proceso de renovación "por razones e intereses meramente políticos".

En su impugnación, los magistrados esgrimen ante el TEDH que en septiembre de 2018 se remitió al Parlamento el listado de los 50 jueces en activo que se presentaban candidatos para renovar el CGPJ.

Desde entonces, estas listas no han sido votadas por las Cortes Generales y “ante la pasividad de las instituciones", el 14 de octubre de 2020 dichos magistrados recurrieron en amparo ante el Tribunal Constitucional por la supuesta vulneración del derecho de acceso a cargo público, recogido en el artículo 23 de la Constitución Española. El TC no admitió a trámite sus recursos de amparo porque consideró que habían sido presentados fuera de plazo.

El hecho de que el máximo tribunal de garantías no entrara siquiera a examinar el asunto por una razón formal, obligó a los magistrados a acudir ante el TEDH, que examinará también la actuación del Tribunal Constitucional en este caso.

VICIOS DEL SISTEMA

El portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero, considera que “los vicios del sistema actual son los que han causado el bloqueo del CGPJ por parte de los partidos políticos”.

“España es un Estado de derecho pleno, pero existen determinadas grietas en el sistema institucional que se están agrandado en los últimos tiempos, como es el proceso de elección del CGPJ, y esperamos que con esta demanda el TEDH pueda corregir algunos de estos defectos”, explicó Jorge Fernández Vaquero.

A juicio del portavoz de AJFV, “nuestro sistema institucional tiene un problema con el proceso de elección del CGPJ y el Constitucional debería estar al frente en la protección de las garantías constitucionales para defender ese sistema”.

La AJFV se muestra satisfecha de la decisión del TEDH porque los recursos han superado un primer filtro, toda vez que la mayoría suelen ser rechazados de plano por el Tribunal de Estrasburgo.

El Congreso de los Diputados y el Senado son las cámaras responsables de renovar el CGPJ, cuyo mandato caducó en diciembre de 2018. Pero, desde entonces, no se ha convocado ninguna sesión parlamentaria para cumplir con esta obligación constitucional.