Así lo recoge un estudio realizado por el sindicato de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda, Gestha, a partir de datos de las Relaciones de Puestos de Trabajo.

A través de un comunicado, Gestha explicó que los técnicos tributarios y de auditoría autonómicos peor pagados son los extremeños, con un sueldo cien euros inferior a los estatales, seguidos de los castellanoleoneses y murcianos, que perciben una remuneración mensual de 80 y 41 euros menos, respectivamente, a pesar de realizar idénticas funciones que sus homólogos localizados en la Agencia Estatal.

Por el contrario, los funcionarios tributarios y de auditoría mejor pagados son los que desarrollan su actividad en la Comunidad Foral de Navarra, cuya remuneración es 3.755 euros superior a la de sus homólogos estatales, seguidos de aquéllos localizados en las diputaciones forales de Guipúzcoa y Álava, con unos salarios de 1.795 y 1.691 euros más mensuales, respectivamente.

Por otro lado, el estudio de Gestha evidencia que los inspectores de Hacienda e Interventores del Estado son los únicos funcionarios que cobran más que sus homólogos autonómicos, con una media de 1.147 euros más de salario mensual.

Las mayores diferencias salariales se localizan en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, donde sus inspectores tributarios perciben una remuneración 2.300 euros inferior a la de los inspectores estatales.

Por el contrario, los únicos inspectores autonómicos que disfrutan de salarios superiores a sus homólogos estatales son los de la Comunidad Foral de Navarra, con una diferencia de 1.494 euros a favor.

Gestha viene solicitando desde hace tiempo que se homologuen "para todos por igual" las condiciones profesionales y retributivas establecidas para la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas.

Asimismo, el sindicato solicita que se impulse la creación de un nuevo Cuerpo Superior Técnico de Hacienda (CSTH), que vendría a reconocer las funciones superiores "efectivamente desempeñadas por los técnicos estatales desde hace años en el control aduanero y tributario, y en el del gasto público y de las subvenciones".

En la actualidad, recordaron desde el sindicato, la bolsa de fraude en España, tanto por fraude fiscal como a la Seguridad Social, supera el 23% del PIB, lo que supone un montante de 240.000 millones euros.