Manuel Morato se encerró esta mañana en la Oficina del Taxi del ayuntamiento, en compañía de otros 40 trabajadores y de los concejales de Transportes de Parla y Fuenlabrada, en protesta por el "incumplimiento de los acuerds firmados el pasado 15 de marzo entre el concejal de Circulación, Eduardo Larraz, y los sindicatos del Taxi de CCOO, UGT y USO".

El taxista sufrió una insuficiencia cardiáca, poco después de hablar con los responsables de la oficina, para pedir la presencia de Eduardo Larraz.

La gravedad de la dolencia hizo que Manuel Morato fuera trasladado por sus compañeros al Hospital Clínico, donde permanecíainternado a media tarde de hoy en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Personas próximas a enfermo aseguraron a esta agencia que la esposa del taxista interpondrá una denuncia contra los policías que vigilaban el encierro, por negarse a trasladar al taxista cuando los trabajadores y un médico de la casa de socorro colindante se lo pidieron.

Tras su ingreso en el Clínico, los médicos diagnosticaron una angina de pecho en el paciente y decidideron su ingreso en la UCI del citado centro.

El motivo del encierro, según los trabajadores, es el deseo de que la Concejalía del Area de Circulacón y Transportes del Ayuntamiento lleve al pleno municipal el acuerdo de ampliación del Area Unificada de Taxi alcanzado entre el responsable del área, Eduardo Larraz y los sindicatos.

Los trabajadores denuncian que Larraz está sufriendo presiones de los empresarios de taxis madrileños para impedir que proponga en el pleno la aprobación de los acuerdos de marzo, y acusan al concejal de la Junta de Arganzuela y vicepresidente de la Asociación Gremial del Taxi, de ser el principal interesado en que esosacuerdos no se aprueben.

El pasado mes de marzo, CCOO, UGT y USO acordaron con Larraz una ampliación del Area Unifica del Taxi a los municipios de la zona metropolitana, así como del número de licencias, que debían quedar en 15.875, y la creación de un Ente Gestor del Gremio de Taxis, formado por representantes de los ayuntamientos, los sindicatos y los empresarios del sector.