En la actualidad, el impuesto sólo es obligatorio para os sectores aéreo, marítimo y ferroviario, y el transporte de mercancías por carretera. Loyola de Palacio ha apoyado extender el gravamen a los vehículos privados en las repuestas dadas a un cuestionario formulado por el Parlamento Europeo. Según la política española, la medida evitaría cualquier discriminación entre los usuarios.

En opinión de FENADISMER, la propuesta es contraria a la normativa europea, porque supondría gravar fiscalmente dos veces por el mismo concepto, ya que en la actualidad se etán cobrando peajes por la red de autopistas en España. La Directiva 1999/62/CE prohibe la imposición de ambas tasas por la utilización de infraestructuras.

Además, la asociación indica que, del precio final de los carburantes que pagan los transportistas y los demás usuarios de la red vial, más del 70% corresponde a impuestos cuyos ingresos fiscales deberían cubrir las inversiones en carreteras y su conservación.

Loyola de Palacio apoya la medida, que hasta ahora ha sido rechazada por la Comisió, porque el transporte privado genera gran parte de los costes sociales del transporte por carretera. Sin embargo, la ex ministra de Agricultura matiza en su respuesta al Parlamento, que son los Estados miembros quien deben tomar la decisión sobre la tasación de los vehículos privados.