Ambs instituciones vascas expresaron, a través de un comunicado difundido por la Diputación Foral, su preocupación y rechazo ante el cierre de esta planta, del que culparon a la privatización llevada a cabo por el Gobierno central, y que supondría la pérdida de 217 puestos de trabajo, "y un perjuicio económico muy importante para Guipúzcoa".

En este sentido, anunciaron que "se dirigirán a los ministerios de Economía e Industria en defensa de los puestos de trabajo que Tabacalera tiene en la capital guipucoana, porque es mucho lo que el Gobierno central, dada su responsabilidad, puede y debe hacer para retirar este plan de Tabacalera que, a falta de razonas empresariales, sólo se puede entender por razones políticas que perjudicarían a la sociedad vasca".

La Diputación de Guipúzcoa y el Ejecutivo vasco consideran que "este plan de reestructuración que conlleva la desaparición de la fábrica donostiarra no se justifica por razones de rentabilidad empresarial, puesto que, según la información obrante, laplanta de Donostia cuenta con unos niveles de productividad y calidad elevados que vienen generando notables beneficios empresariales".

"El hecho de que Tabacalera hoy sea una empresa privada no exime de responsabilidad al Gobiernco central", prosiguen, "porque las condiciones de privatización han sido establecidas por el Gobierno español y porque el consejero de Administracion de Tabacalera ha sido nombrado por ese mismo Gobierno".