Según informaron a Servimedia fuentes jurídicas, el juez se ha mostrado sorprendido ate la presentación por parte de IGS-PSV de más de 4.000 firmas de cooperativistas que renuncian a acciones civiles contra los inculpados y el anuncio de la presentación de otras 4.000, lo que supondría que existirían querellantes que tendrían que darse de baja en su reclamación.

Esto es posible porque las firmas presentadas por IGS-PSV corresponden a acuerdos de segregación que incluían una cláusula de renuncia a este tipo de acciones, cláusula que puede haber sido firmada por cooperativistas querellates sin tener conciencia de ello.

El juez Moreiras quiere determinar de una vez si los querellantes mantienen su reclamación o no. En la decisión de estos últimos pesa también que la imposición de los 65.000 millones de fianza puede impedir definitivamente la construcción de las viviendas.

Además, el juez mantiene de forma oral el plazo de un mes dado a los directivos de PSV-IGS para que consigan más firmas, renunciando a las acciones civiles. Según denunciaron socios cooperativistas, PSV está prsionando muy fuertemente a varias promociones para cerrar acuerdos de segregación y conseguir sus firmas.

Por su parte, cerca de 4.000 cooperativistas querellantes, a través de sus abogados, mostraron hoy su apoyo a las decisiones de Moreiras y en principio se ratificaron en su decisión en el convencimiento de que ellos son ahora los únicos acreedores de PSV-IGS (tras el acuerdo Argentaria-constructoras) y, por tanto, un supuesto embargo de la cooperativa no les perjudicaría.