Tres miembros del comité de empresa de Santana Motor viajaron ayer a Madrid para entrevistarse con los responsables de la sección del metal de los dos sindicatos. Sin embargo, fueron llamados a una reunión con los dirigentes de la multinacional.

En los últimos días, desde el presidente del Gobierno hasta los responsables de la Administración andaluz insistieron en la necesidad de que Suzuki hiciera público un plan de viabilidad como punto de partida para iniciar la negociación sobre el futuro de Santana Motor.

Además, la dirección de Suzuki anunció que el plazo de 15 días que había impuesto para que un socio invirtiera 38.000 millones de pesetas en Santana Motor no es inflexible, aunque subrayaron que no aportarán más 5.721 millones, dinero que invertirán para equlibrar la situación patrimonial de la compañía automovilísta.

No obstante, aseuraron que están dispuestos a aportar tecnología y vías de comercialización, aunque dejaron claro que no continuarán como accionista mayoritario de Santana.

Respecto a los trabajadores, señalaron que están dispuestos a desbloquear alguna partida económica para que los interventores nombrados por el juzgado número 7 de Leganés, ante el que se presentó la sus pensión de pagos, puedan pagar a los empleados la nómina de febrero.

El plan de viabilidad que están confeccionando los japoneses será presenado al Ministerio de Industria y posteriormente a los sindicatos. Sin embargo, la primera valoración del comité de empresa ha sido negativa, ya que, a su juicio, no se despeja ninguna incógnita sobre el futuro de la factoría linarense, por lo que continuarán con el programa de movilizaciones.

Por otra parte, el próximo día 28 mantendrán una reunión los miembros de los comités de empresas de los cuatro centros de Santana Motor en nuestro país y los interventores nombrados por el juzgado para informar sbre la aplicación de la suspensión de pagos.