La magistrada Esperanza Collazos comunicó esta misma mañana la suspensión de la declaración, aunque no especifica si se trata de una cancelación definitiva o de un aplazamiento.

Plus Ultra pidió ayer martes la suspensión de la declaración y la anulación de su imputación. La aerolínea argumentaba que la declaración se fijó fuera del plazo de instrucción y volvió a pedir el archivo de las actuaciones por entender que no hubo irregularidad alguna.

La magistrada pensaba tomar declaración al representante legal que designara Plus Ultra, imputada como persona jurídica, con el objetivo de averiguar si la ayuda que se le dio podría constituir delitos de malversación y prevaricación. La jueza atendía así la petición de Vox, que ejerce la acusación popular en la causa junto al PP y Manos Limpias.

El pasado mes de marzo, la jueza recibió los informes periciales encargados por el propio juzgado y por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que apuntaban el posible desvío de parte de la subvención a un pago hecho a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), con la que la compañía tenía una deuda. La aerolínea argumenta que la petrolera estatal venezolana es proveedora de combustible de todas las compañías que operan en Caracas y, por tanto, es un asunto que afecta a todas las compañías que vuelan a la capital venezolana.

Si bien los peritos de la SEPI consideran que se trató del pago a un proveedor, los que designó el juzgado sostienen que lo normal en una empresa que necesita de ayudas públicas es aplazar la deuda que tenga con sus proveedores. El próximo día 15 de junio la jueza escuchará a Plus Ultra y después tendrá que responder a las peticiones que hicieron la Fiscalía y la Abogacía del Estado para que se archive el caso por no apreciar actuaciones delictivas.