Los colegios profesionales aseguraron que la supresión de los honorarios mínimos no abaratará los servicios prestados y podría redundar en un empeoramiento de su calidad, mientras que las organizaciones de consumidores piensan lo cotrario.

Antonio Pedrol Rius, décano de los colegios de abogados, anunció hoy que la Unión Profesional, de la que es presidente, se reunirá en los próximos días para adoptar una posición conjunta. La Unión Profesional agrupa a 31 colegios con 1.200.000 profesionales.

Pedrol recalcó que los honorarios fijados por los colegios de abogados tienen solamente "un carácter orientativo" y que cada letrado tiene la posibilidad de reducir los precios e incluso condonar su minuta "por motivos razonables".

Añadió que es ilusorio esperar que la supresión de los honorarios mínimos vaya a aumentar la competencia entre los abogados y señaló que, en caso de producirse una bajada de los precios, también se deterioraría la calidad del servicio.

Pedrol sí se mostró dispuesto a admitir que los abogados puedan hacer publicidad libremente de sus bufetes, siempre que el anuncio sea visado previamente por el colegio profesional y que, en caso de desacuerdo, resuelva sumariamente el Tribunal de la Competencia.

Por contra, consideró inviable que los abogados sean obligados a dar un presupuesto a sus clientes, por entender que hay factores imponderables que impiden estimar por adelantado su cuantía. A su juicio, medidas como ésta rompen la relación de confianza entre cliente y abogado.

Pedrol expresó su confianza en que este no sea un primer paso hacia la supresión de la afiliación obligatoria a los colegios profesionales y dijo que, en el caso de los abogados, eso supondría que todos los "indesables" rechazaos por los colegios europeos vendrían a ejercer en España.

En términos todavía más duros se pronunció la Organización Médica Colegial, quien afirmó que "considera que debe seguir fijando los honorarios mínimos con las compañías de seguros libre".

Asimismo, el Colegio de Aparejadores de Madrid aseguró que la eliminación de los honorarios "provocará un encarecimiento de la vivienda, la merma en la calidad de los servicios profesionales y un riesgo de menor seguridad en el sector".

Por su parte el presidente del Consejo Superior del Notariado, José María de Prada, manifestó a Servimedia que la medida no afecta a los notarios, porque sus honorarios no son fijados por los colegios sino por el Estado.

Según De Prada, todos los notarios tienen que cobrar lo mismo en función del "arancel" que fija una comisión de la que forman parte los ministerios de Economía y de Justicia, y que fue establecido por última vez en noviembre de 1989.

Actualmente, sin incluir el IVA, las tarifas de los notaris son, por ejemplo, de 5.000 pesetas por un testamento o un poder y de 6.000 pesetas por un acta. En operaciones de compra-venta, el arancel del notario oscila entre 45.000 pesetas si el importe de la operación es de 10 millones y 100.000 pesetas si alcanza los 100.000 millones.

LOS CONSUMIDORES APLAUDEN

Por otra parte, Jorge Caminero, de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) manifestó a esta agencia que su asociación es partidaria no sólo de la supresión de las tarifas mínimas sino tambin de la colegiación profesional obligatoria.

Caminero afirmó que la eliminación de las tarifas debe redundar en un aumento de la competencia que se traduce en precios más bajos y mayor calidad en los servicios prestados por los profesionales a los clientes.

Por su parte, Marián Martín, de la Unión de Consumidores de España (UCE) señaló que la libre fijación de precios y de publicidad por parte de los profesionales tiene que aumentar el negocio de los más competentes y baratos.

Sin embargo, s mostró favorable a mantener la colegiación obligatoria, a fin de que estas instituciones sirvan como una primera instancia ante la que puedan reclamar los clientes.