Según esta organización, es necesario modificar la normativa con el fin de reflejar en la declaración todos los bienes a partir de un valor individual significativo y declarar los bienes y derechos por su valor real.

Asimismo, estima necesario establecer un mínimo exento para evitar el gravamen del patrimonio de las clases medias, que podría ser de 3 millones de euros y 6 millones en caso de matrimonio, y obligar a presentar la declaración del impuesto a todos los alcaldes y concejales de España, con independencia del valor de su patrimonio.

Para la IEH, el anteproyecto de la ley de supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 13 de junio, técnicamente establece una bonificación del 100% de la cuota y elimina la obligación de declarar, por lo que, en su opinión, "lo que queda es un impuesto fantasma en el que nadie paga ni declara".

"Ninguna de las razones que se han alegado para suprimir este impuesto puede ser aceptada", añade, y su supresión "podría vulnerar los principios del sistema tributario español", regulados en la Constitución, al suponer "un avance más hacia la primacía de los impuestos indirectos sobre los directos".

La supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, junto con la supresión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones anunciada por la mayoría de las comunidades autónomas, provocará que el único impuesto directo que quedará en el sistema tributario español sea el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), afirma la asociación.

Además, considera que uno de los efectos negativos de la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio es su repercusión en la situación de "enorme fraude fiscal" existente.

La IHE considera que se está eliminando un instrumento muy útil para poder descubrir las variaciones anormales de patrimonio que se suelen producir cuando se ponen bienes a nombre de testaferros; algo que se produce tanto en casos de delito fiscal como en los relativos a delitos de blanqueo de capitales o de corrupción urbanística.

"Los dos impuestos a suprimir son de titularidad estatal, pero su recaudación está cedida totalmente a las comunidades autónomas, suponiendo dichas medidas una disminución de aproximadamente 4.000 millones de euros en sus ingresos", añade.