En un auto hecho público hoy, el magistrado instructor del caso, Joaquín Giménez García, cosidera que, a la vista de las actuaciones realizadas, "concurren" los indicios que se enmarcan en el artículo 380 del Código Penal sobre desobediencia a la autoridad, castigado con penas de 6 meses a un año de prisión.

No obstante, antes de tomar una decisión definitiva, el magistrado ha solicitado al fiscal que informe sobre la procedencia de abrir juicio oral contra el diputado o sobreseer el caso.

Javier Barrero López viajaba el día 28 de febrero de 1997, entre las cuatro y las cinco horas de a tarde, por la carretera A-492, en el término municipal de Aljaraque (Huelva), donde fue parado por la Guardia Civil para que realizase la prueba de detección alcohólica mediante el etilómetro.

El diputado se negó "reiteradamente" a realizar la prueba, por lo que los agentes abrieron un atestado, en el que consta que se apreciaban en el diputado un "tenue olor a bebidas alcohólicas y brillo en los ojos".

La investigación de este caso comenzó en un juzgado de instrucción de Huelva, que, al darse uenta de que Barrero es diputado, remitió el caso al Tribunal Supremo.