La denuncia fue presentada por la Associació Durán i Bas, Juristas Cristians de Catalunya por un presunto delito de ofensa a los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa.

El Supremo señala que el delito denunciado tiene dos elementos: ofensor y ofendido, que no siempre han de encontrarse en el mismo lugar.

Así, la supuesta actitud vejatoria puede producirse en un lugar, en este caso, Israel, mientras que el ofendido por dicho comportamiento puede encontrarse en un lugar distinto, como ocurre aquí, donde las personas cuyos sentimientos religiosos se vieron afectados se encuentran en Cataluña.

"En consecuencia", dice el Supremo, "el delito se habría cometido en parte en el extranjero y en parte en España y, por lo tanto, también en Cataluña", donde se encuentra la asociación denunciante.