En un auto conocido este martes, el magistrado instructor Leopoldo Puente ordena examinar las cuentas bancarias, bienes inmuebles, vehículos y participación en empresas tanto de Ábalos como de su hijo, en el marco de la investigación sobre contratos de emergencia durante la pandemia.

El juez ha citado a Ábalos para el próximo 18 de febrero, esta vez ya como investigado formal tras la concesión del suplicatorio, para evaluar posibles medidas cautelares. El exministro ya declaró voluntariamente en diciembre pasado ante el instructor.

La resolución judicial también ordena a la UCO elaborar un informe sobre las comunicaciones telefónicas entre los tres investigados: Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, con especial atención a mensajes intercambiados con altos cargos.

NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

El instructor requiere identificar a quienes contrataron a Jessica Rodríguez García en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, así como información sobre sus viajes oficiales acompañando a Ábalos entre 2018 y 2022.

El auto cita también a Koldo García para llevar a cabo un análisis caligráfico comparando su letra con documentos aportados por Aldama, incluyendo presupuestos de obras y una nota manuscrita presentada durante su declaración.

Se ha solicitado además a Aldama que detalle en 10 días la relación de pisos facilitados para encuentros en Madrid entre el ministro Ángel Víctor Torres, Koldo García y Ábalos, así como información sobre posibles pagos mencionados en su declaración.

La investigación incluye la citación de 17 testigos entre el 25 de febrero y 5 de marzo, entre ellos ex altos cargos de Transportes, el director de Gabinete de la ministra de Hacienda y familiares de los investigados.

AMPLIACIÓN DE TESTIMONIOS

Los testigos citados deberán comparecer con asistencia letrada si están siendo investigados en otras causas relacionadas con estos hechos, según especifica el auto del magistrado Puente. El instructor ha designado también a un perito inmobiliario para tasar el valor de mercado de una vivienda en Madrid vinculada a la investigación, aunque no se han revelado más detalles sobre este inmueble.

La UCO deberá informar periódicamente al juez sobre los avances en el análisis de los materiales incautados hasta el momento que aún están pendientes de examinar en profundidad. Esta causa investiga presuntas irregularidades en contratos de emergencia formalizados durante la pandemia por la Administración General del Estado y el sector público institucional.