El juzgado de instrucción de Huelva comenzó la investigación, pero, al darse cuenta de que se trataba de un diputado, remitió el caso al Tribunal Supremo, que ha interrogado ya a los dos agentes que participaron en el suceso, y ha trasladado las actuaciones al fiscal.

El Ministerio Fiscal considera que debe tomarse declaración al diputado para esclarecer por qué se negó a realizar la prueba de la alcoholemia, por lo que el Supremo h decidido pedir el suplicatorio al Congreso para seguir la investigación, dada su condición de aforado.

Jaime J. Barrero López viajaba el día 28 de febrero de 1997, entre las cuatro y las cinco horas de la tarde, por la carretera A-492, en la provincia de Huelva, donde fue parado por la Guardia Civil, que le instó a realizar la prueba de detección alcohólica mediante el etilómetro.

El diputado se negó "reiteradamente" a realizar la prueba, por lo que los agentes abrieron un atestado en el que conta que se apreciaban en el investigado un "tenue olor a bebidas alcohólicas y brillo en los ojos".