Los hechos ocurrieron entre el 1 de enero de 1989 y el 16 de abril de 1991, cuando la secretaria de dirección de la empresa Anatronic S.A. presentó el cobro de "distintos y numeroso cheques" con la firma estampllada del apoderado de la cuenta que la sociedad tenía en el BBV.

De esta forma, la mujer, sin que nadie de la empresa se diese cuenta, sustrajo cheques por valor de 26.855.904 pesetas de unos talonarios. Estos sólo podían ser utilizados por el apoderado, cuya firma manuscrita era la única que el BBV podía dar "por buena y como auténtica" a la hora de hacerlos efectivos.

Tras señalar que "es evidente que el banco ha abonado como válidos cheques nulos", el Supremo añade que la entidad bancaria "esá obligada a mantener una actitud diligente respecto al pago de cheques y debe verificar que el título está correctamente formado por el librador".

En este sentido, agrega que el banco "debe realizar una labor de comprobación de los requisistos intrínsecos y extrínsecos del talón", de modo que si mantiene "una conducta negligente en las labores de comprobación incurrirá en responsabilidad contractual".

Por esta razón, el Supremo obliga al BBV a reembolsar a la Anatronic S.A. los 26.855.904 peseta que fueron indebidamente librados por la secretaria de dirección de dicha sociedad.