Los hechos que han dado lugar a la sentencia se produjeron en 1994, tras la celebración de la XXXI Edición del Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de San Sebastián, durante las fiestas de esta ciudad. Para la celebración del evento se adoptaron determinadas medidas de seguridad, como dobles vallas y el cierre al tráfico rodado y peatonal.

Tras la celebración del concurso, se levantaron las medidas de seguridad, lo que fue aprovechado por el menor y sus amigos para adentrarse en la zona y recoger aquellos cartuchos y bolas pirotécnicas que no habían explosionado para hacerlas estallar posteriormente.

Así, ocurrió que en una las ocasiones la mecha no corría, por lo que echaron encima de ella la pólvora de una bola que habían encontrado junto con los cartuchos. Como consecuencia de la explosión, el menor sufrió diversas lesiones por las que precisó ser intervenido quirúgicamente para amputarle la mano derecha.

Al menor le quedaron como secuelas una impotencia funcional para la mano derecha, acufenos esporádicos, vértigos posicionales, hipoacusia bilateral, leucomas corneales y estrés grave. Como consecuencia, se le reconoció al menor la condición de minusválido con un porcentaje de discapacidad del 56%.

Según la sentencia confirmada ahora por el Supremo, fue una "conducta de alto riesgo y gravemente dañina la apertura de una zona al público conociendo que pueden existir restos pirotécnicos sin explosionar, susceptibles de producir graves daños en la integridad física de los viandantes".

El fallo confirmado por el Alto Tribunal indica que una vez abierta la zona no debería existir riesgo alguno de encontrarse con materiales pirotécnicos sin explosionar, por lo que en este caso, la responsabilidad del Ayuntamiento de San Sebastián es del 90%, mientras que la del menor alcanza el 10%.

La sentencia reconoce la responsabilidad del niño, consistente en haber buscado los cartuchos intactos y en hacerlos explotar sin control alguno.