La asociación mayoritaria de jueces muestra su satisfacción por la decisión del Supremo "en la medida en que con ella se restablece la legalidad conculcada, tanto por el Gobierno de la nación como por el Consejo General del Poder Judicial, al producir y propiciar, respectivamente, el nombramiento en favor de persona en quien -con independencia del respeto que merec- no concurrían los requisitos exigibles por normas de elemental inteligencia".

La APM entiende que la resolución judicial "es un serio aldabonazo al Gobierno y al Consejo General del Poder judicial, en relación con el uso de las facultades de nombramienbtos discrecionales, que deben ser utilizadas con rigor".

La asociación mayoritaria de los jueces españoles llega más lejos al afirmar que deplora "la colaboración que en la ilegal designación cupo al CGPJ, al emitir la mayoría de sus miembros infrme favorable a la propuesta del Gobierno, evidenciandose así la permeabilidad entre el poder político y el órgano de gobierno del poder judicial".

El comunicado termina solicitando responsabilidades por dicha ilegalidad.