Ninguna de las peticiones ha sido aceptada por el Tribunal, ya que considera que existe un plan de prevención de riesgos laborales para el personal de justicia y no se ha acreditado ni aportado evidencia alguna que justifique que no se aplique a los fiscales.

Además, el recurso tampoco acredita la necesidad de contar con un plan específico para los fiscales, ni existe ninguna norma que imponga la necesidad de que exista el Plan pretendido ya que la situación de los fiscales no dista de la que tienen quienes ejercen funciones jurisdiccionales.

La APIF alegó que debía aplicarse el mismo criterio que la Sala adoptó respecto de las asociaciones judiciales en sentencia anterior. Sin embargo, el Tribunal precisa que son casos absolutamente distintos, ya que en aquel supuesto se trataba de decidir si por el CGPJ se habían cumplido los compromisos adquiridos en materia de prevención de riesgos laborales respecto de las cargas de trabajo de jueces y magistrados.