Ninguna de las peticiones ha sido aceptada por el Tribunal ya que; existe un plan de prevención de riesgos laborales para el personal de justicia; no se ha acreditado ni aportado evidencia alguna que justifique su inaplicación al colectivo de fiscales; tampoco se ha acreditado la necesidad de contar con un plan específico; ninguna norma impone la necesidad de que exista el plan pretendido; y la situación de los fiscales es diversa a la de quienes ejercen funciones jurisdiccionales.

La APIF alegó que debía aplicarse el mismo criterio que la Sala adoptó respecto de las asociaciones judiciales en sentencia anterior. Sin embargo, el Tribunal precisa que son casos absolutamente distintos ya que en aquel supuesto se trataba de decidir si por el CGPJ se habían cumplido los compromisos adquiridos en materia de prevención de riesgos laborales respecto de las cargas de trabajo de jueces y magistrados.