Valida así la sentencia que la Audiencia Nacional dictó en septiembre de 2021 y ordena la readmisión de los trabajadores despedidos a los que tendrá que abonar los salarios no cobrados desde la fecha del despido.

Iberia se había comprometido a no realizar despidos cuando el trabajador en cuestión se aviniera a ser recolocado, pero ninguno de los 29 que han llegado hasta el Supremo recibió ninguna oferta para cambiar de empleo.

De hecho, la compañía aplicó a los recurrentes las condiciones de un ERE negociado en 2005 cuya vigencia alcanzaba hasta finales de 2014, en virtud de la reforma laboral del PP, y con condiciones, según el tribunal, "claramente perjudiciales, y no sólo aplica un expediente claramente desfavorable para los trabajadores, sino que lo hace sin negociación alguna con los representantes de los trabajadores y sin posibilidad de negociación de medidas alternativas".

Por todo ello, el Tribunal Supremo entiende que Iberia actuó de manera “fraudulenta” y en “claro abuso de derecho”, por lo que acuerda mantener la nulidad de los despidos y ordena la readmisión de los trabajadores.

Fue Iberia la que recurrió ante el Supremo la sentencia de la Audiencia Nacional que anulaba la resolución de la Secretaría de Estado de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de mayo de 2016, respaldaba la decisión de la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de autorizar el ERE. Esta sentencia supone la anulación de las prejubilaciones de estos trabajadores que paga la Seguridad Social.

El ERE se produjo después de que se liberalizaran los servicios de handling que hasta entonces prestaba Iberia, lo que hizo que la compañía despidiera de sus trabajadores, la mayoría de ellos se subrogaron a las empresas que continuaron prestando el servicio o se prejubilaron de manera voluntaria, pero no lo hizo así en el caso de estos 29 trabajadores.