Gorka Loran Lafourcarde y Garikoitz Arruate Santa Cruz fueron condenados por pertenencia a banda armada, 184 delitos de homicidio terrorista en grado de tentativa, daños con finalidad terrorista y tenencia ilícita de armas. El tribunal también les impuso indemnizar a Renfe con 62.402,89 euros.

Ambos condenados argumentaron que los hechos debieron ser calificados de estragos en grado de tentativa y no de homicidio terrorista en grado de tentativa, porque su finalidad, al colocar la bomba en el tren Irún-Madrid "no era otra que la causación de daños en la estación de Chamartín".

Las defensas alegaron que sus clientes habían dispuesto que el explosivo estallara cuarenta y cinco minutos después de que el tren llegara a la estación y, además, habían establecido varias formas de aviso tanto a los viajeros, como a los medios de comunicación y demás.

Los magistrados del Tribunal Supremo señalan que "la acción de los acusados, fuera con aquel propósito o con otro, consistió en esconder en un tren repleto de pasajeros una gran cantidad de alto explosivo, mucho tiempo antes al previsto para su explosión y a mucha distancia de la estación que aquéllos tenían la intención de volar".

"Quiérese decir que durante varias horas (desde las 08.30 hasta las 15.12, hora prevista de llegada, contando con que ésta se hubiera producido con puntualidad), y durante muchos kilómetros, las 184 personas que viajaban en el tren estuvieron sometidos a un peligro gravísimo, actual, real para sus vidas por la acción consciente y voluntaria de los acusados ante la posible y probable deflagración de la materia explosiva que hubiera podido producirse fácilmente por multitud de causas en cualquier momento de tan largo recorrido y duración", sostiene el Supremo.