Según informó el Supremo este jueves, su Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha confirmado la resolución que Industria adoptó al respecto el 15 de septiembre de 2020.

En concreto, el Gobierno denegó a Greenpeace España datos sobre las licencias concedidas para la exportación a Arabia Saudí de portamorteros Alakram 120 mm. El argumento fue que se trataba de información clasificada y secreta.

La Sala indica que la solicitud de Greenpace “no justifica suficientemente el interés público esencial que avala tal pretensión, ni poderosas razones sobre la lesión de los derechos fundamentales afectados o los bienes jurídicamente protegidos que determinen el acceso a los detalles de tal operación, mediante el alzamiento de la declaración de “materia clasificada” y secreta de la misma”.

"SEGURIDAD Y DEFENSA DEL ESTADO"

La sentencia explica que “no se ha puesto de relieve el carácter innecesario o superfluo de tal confidencialidad, atendida la afectación que concurre a la defensa, a los particulares y a la protección de sus datos, así como a los daños y los perjuicios en el ámbito comercial y económico que se derivarían del acceso a una información de esa naturaleza”.

Añade que se trata de "materia clasificada" que se predica de los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado (artículo 2 de la Ley de secretos oficiales).

Se indica que, en este caso, “las actas referidas tienen no sólo el carácter de “materia clasificada”, sino que también tienen el carácter de secreto, pues a tenor del artículo 3 de la expresada ley, se admite la calificación, de las materias clasificadas, en dos categorías: secreto y reservado en atención al grado de protección que requieran. Y en el caso examinado tienen el nivel más intenso pues se trata de “materia clasificada” con calificación de secreta”.

Se desestima así el recurso de Greenpace España y señala que el derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos tiene en la propia Constitución un límite expreso en el inciso “salvo en lo que afecta a la seguridad y defensa del Estado”.