La Audiencia palentina, si bien estableció que se había cometido un delito contra la Ley de Caza, entendió que el cazador había actuado en estado de necesidad al sentirse atacado por el oso en el transcurso de una cacería de corzos.

La asociación conservacionista Faas había solicitado entonces una indemnización de millón y medio de pesetas a favor de la Junta de Castilla y León, en razón a sus funciones de mantenimiento, conservación y vigilancia de la especie protegida.

Para Roberto Hartasánchez, responsable del Fapas, la decisión del Supremo "supone un hito en la jurisprudencia española en la defensa de especies protegidas". El abogado de la asociación, José Manuel Marraco, destacó el valor de la sentencia, "que no se limita a lo puramente patrimonial y que reonoce que nos encontramos ante un bien de interés a toda la colectividad humana".

El Fapas se dirigirá a todas las comunidades autónomas en las que aún existen osos para solicitar que la valoración por caza de los ochenta ejmplares que sobreviven en la Cordillera Cantábrica y Pirenaica se eleve a 25 millones de pesetas.