El Alto Tribunal considera que el delito de malversación no es amnistiable y mantiene activas sus órdenes nacionales de detención para todos ellos. Además, el Supremo eleva al Tribunal Constitucional una consulta para saber si el delito de desobediencia está amparado por la ley de amnistía.

El TS mantiene las órdenes nacionales de detención de Puigdemont, Comín y Puig y no archiva la ejecutoria que inhabilita, hasta los años 2030 y 2031, a Junqueras, Romeva, Turull y Bassa.

Esta es la postura que defendieron los fiscales que actuaron en el juicio del ‘procés’ en contra de la postura del fiscal general del Estado, así como del juez instructor de la causa, Pablo Llarena. La decisión cuenta con el voto particular en contra de la magistrada Ana Ferrer.