Según pudo comprobar Servimedia, el grupo de trabajo de Justicia, que es el que defiende el cese automático de los vocales, sostiene que “debe mantenerse el actual modelo de elección parlamentaria de las doce vocalías del CGPJ de procedencia judicial”.

A partir de ahí, señala que es preciso concretar criterios de designación por parte de las dos cámaras de las vocalías del turno judicial para respetar al máximo la voluntad de los avalistas o asociaciones proponentes, al menos con relación a 10 de ellos (la mitad de los 20 integrantes del órgano), con mecanismos que garanticen la presencia proporcional de todas las sensibilidades. También aboga por “reformar las cuotas, ya que el Tribunal Supremo cuenta con una cuarta parte de los vocales cuando representa menos del 2% de la carrera judicial”.

Sin embargo, el grupo de trabajo que ha elaborado las propuestas de Sumar sobre el modelo territorial, reivindica, no el mantenimiento del sistema actual de elección de los vocales, sino “la participación autonómica en la gobernación del Estado”, lo que le llevaría a “participar en la propuesta y elección en diferentes instituciones del Estado como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas y otras instituciones independientes”.

Y, a su vez, el grupo de Calidad Democrática defiende que, para las instituciones del Estado, se ha de alumbrar un “nuevo sistema de designación de estos cargos basado en comisiones de nombramientos plurales e imparciales”, en las cuales “ha de combinarse la presencia de miembros del Gobierno, del legislativo, de cuerpos especiales de la administración y de miembros de la sociedad civil relacionados con el tipo de puesto”.

EXTENSIÓN DE LAS COMISIONES

Aunque en principio este “nuevo sistema” trataba de impedir la designación de cargos institucionales a discreción del Gobierno, seguidamente sugiere “extender la lógica de las comisiones de nombramientos para aquellos organismos en los que se requieren mayorías parlamentarias cualificadas (como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo)”. En la composición de dichas comisiones no menciona la posibilidad de incluir a las comunidades autónomas.

En cualquier caso, desde Sumar han advertido de que todavía falta por someter las propuestas de sus 35 grupos de trabajo temáticos, que se publicaron este jueves, a las aportaciones que quieran hacer los inscritos en la página web ‘participa.sumarfuturo.info’, que tienen de plazo para ello hasta el 2 de junio en todas las temáticas.

Las aportaciones, a su vez, se someterán a votación de los inscritos y a un filtrado previo y ulterior para garantizar que ninguna de las aprobadas violenta los principios generales doctrinales de Sumar. Entonces las propuestas de los distintos grupos y de los inscritos se refundirán en un único y definitivo texto del “proyecto de país” que quiere lanzar su líder, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

Dicho proyecto, recalcan en Sumar, tiene un horizonte temporal de 10 años y por tanto no es un programa electoral en sí. Éste tendrá que debatirse y acordarse con las distintas fuerzas políticas que se integren en la eventual candidatura única de la izquierda a las elecciones generales.