El director general de Tráfico, Miguel María Muñoz, remitió en febrero de este año una circular a la Jefatura General de Tráfico de la Guardia Civil y a los jefes provinciales y locales de Tráfico, en la que decía que, "salvo indicación en contrario de la propia autoridad judicial, no deben remitirse a la misma las pruebas de alcoholemia en las que el conductor no rebase los 1,5 grams por mil centímetros cúbicos".

La actual legislación establece el índice máximo de alcohol en sangre para los conductores en 0,8, por encima del cual deberá remitirse a los juzgados el correspondiente informe.

Según el SUGC, Muñoz justifica su actitud alegando "el sistemático sobreseimiento de diligencias por parte de algunos jueces de instrucción en el caso de inculpados que rebasan las tasas reglamentarias de alcoholemia".

En la carta enviada a la Jefatura de Tráfico de la Guardia Civil, uñoz Medina insta a los funcionarios de la Benemérita a formular denuncia, con propuesta de suspensión del permiso de circulación, y remitirla a la Jefatura Provincial de Tráfico, y no al juez correspondiente.

El SUGC asegura que el director general de Tráfico recomienda remitir la denuncia a los juzgados de instrucción únicamente en los casos de conductores que "presenten evidentes síntomas externos de embriaguez, su modo de conducir sea anormal, hayan cometido alguna infracción por intoxicación etílca" o en los casos en que el conductor esté implicado en un accidente.

En opinión del sindicato clandestino de la Guardia Civil, esta circular crea confusionismo entre los guardias civiles, que no saben si atenerse a la misma o a las funciones que les encomiendan la Ley Orgánica de Fuerzas de Seguridad y los reglamentos vigentes en la actualidad.

Por ello, Joaquín Parra, presidente del sindicato, solicita a Leopoldo Torres que adopte medidas en el menor plazo posible, ya que los jueces y magistraos, ante el descenso drástrico de atestados, acuden a la Dirección General de la Guardia Civil a solicitar explicaciones.