Los subinspectores aseguran a través de un comunicado que dicha resolución ha mutilado parcialmente la ley, al no desarrollar la atribución legal de las actuaciones de comprobación e inestigación a un único actuario, y ha tergiversado la llamada asignación de firma con visto bueno, prevista en la ley cuando en una actuación intervienen dos o más actuarios, siendo uno de ellos el jefe de unidad.

Según esta asociación, lo que está haciendo la Inspección es una atribución "ilegal" a los subinspectores de los expedientes de comprobación, que vulnera totalmente la ley. Explica que el subinspector actuario no está autorizado legalmente por el inspector jefe, único funcionario que puede atibuir la comprobación, pero como su jefe de unidad se lo ordena verbalmente y se lo carga informáticamente, se convierte desde ese momento en instructor legal.

La queja presentada hoy se centra en tres aspectos que afectan directamente al contribuyente, según los subinspectores. En concreto, denuncian la inexistencia del acuerdo-orden del inspector jefe, atribuyendo la comprobación e investigación al subinspector actuario y autorizándole a ser el instructor responsable del procedimiento.

Además, reen que se está transgrediendo los artículos 3 y 15 de la Ley de Derechos y Garantías, ocultando al contribuyente la identidad del responsable del procedimiento, lo que imposibilita el derecho de recusación. También denuncian la indebida exigencia al contribuyente de que firme la llamada "diligencia de visto bueno", ya que no existe norma legal que le obligue, y se desconoce el alcance jurídico de esta firma.

La Asociación de Subinspectores de Tributos cree que con ello se puede estar "atando de piesy manos" al contribuyente ante un posible derecho a recurrir. Por ello, pide a los contribuyentes que exijan sus derechos y que las quejas que expresan a diario ante los subinspectores las transmitan también al Consejo para la Defensa del Contribuyente.