Según esta versión, el text de la normativa no fue consensuado ni dado a conocer a los subinspectores hasta después de ser aprobada, y no responde "en absoluto" a sus reivindicaciones.

La asociación ha expresado su "indignación" y ha resaltado además que el mismo día de la aprobación de esta resolución dos de sus dirigentes recibieron un requerimiento de la auditoría interna de la Agencia Tributaria, a fin de investigar las denuncias efectuadas por el colectivo en el Parlamento y en los medios de comunicación.

Los subinspetores interpretan esta actuación como "un acto de intimidación" para interrumpir los contactos con los partidos políticos, y para tratar de desviar la atención del contenido de la resolución.

En cuanto al requerimiento de la auditoría interna, los asesores legales de la asociación creen que la inspección de servicios "se ha extralimitado claramente", lo que constituye un hecho de "especial gravedad".

Esta organización considera que Costa ha cometido un "gravísimo error" al aprobar esta resolución cuya legalidad pone en tela de juicio. Anticipa que, casi con total seguridad, recurrirá esta normativa, puesto que, a su juicio, contradice la ley y el reglamento relativos a la inspección fiscal.

La resolución establece que los subinspectores que hayan realizado efectivamente la inspección estarán habilitados para firmarlam en caso de que se comprueben cantidades inferiores a 300 millones de pesetas (en el caso de las empresas) y de 30 millones (en el caso de profesionales).