En su denuncia, los subinspectores acusan a los responsables de la Agencia Tributaria de coacionar a los miembros del colectivo profesional al que pertenecen, desde que a comienzos de año decidideron ajustar su trabajo al reglamento y no hacer tareas que no les son reconocidas legalmente.

También acusan a la Agencia de "poner en práctica actitudes antidemocráticas y antisindicales contra este cuerpo profesional, y de transgredir derechos constitucionales omo el principio de publicidad de las normas jurídicas, el derecho de igualdad en el trabajo y el derecho de petición".

Entre las medidas coactivas denuncian desde la retirada injustificada del complemento de productividad hasta la amenaza de apertura de expedientes disciplinarios.

Otras medidas que denuncian como presiones son "la prohibición impuesta a los subinspectores para que celebren sus asambleas y consejos directivos en días laborables, como se venía haciendo sin problemas desde 1982, enclara discriminación frente a la Asociación de Inspectores, que continua realizándolas con total libertad".