Estas medidas, según señala la citada asociación a través de un comunicado, serán inevitables, salvo que, a partir del otoño, "el ongreso de los Diputados intervenga de manera decidida para impulsar realmente la lucha contra el fraude fiscal".

Los subinspectores aseguran que ya hay pruebas oficiales "más que suficientes" que demuestran, "sin lugar a dudas", que la Agencia Tributaria "manipuló y falseó" los resultados de la Inspección del ejercicio 1998. Además, añade que el presidente de la Agencia, Juan Costa, "mintió reiteradamente" a los miembros de la Comisión en sus comparecencias de junio y octubre de 1998 y en la de febreo de este año.

La Asociación de Subinspectores Fiscales, que asegura que el Gobierno está enterado de esta manipulación por las respuestas que ha dado a los grupos parlamentarios, anuncia que en septiembre preparará un informe en el que, a partir de datos oficiales, demostrarán cómo en diciembre del 98 se "inflaron" los resultados de la deuda liquidada en actas en más de 100.000 millones de pesetas, y en casi 50.000 millones las cifras de delito fiscal.

Sobre la base de este informe, los subinspetores solicitarán a la Comisión de Economía y Hacienda la apertura de una Comisión de Investigación. Según sus cálculos, sumando a los 100.000 millones inflados los otros 100.000 millones que ya fueron reconocidos por la Agencia, la disminución de la deuda liquidada por actas en 1998 respecto al 97 es de 200.000 millones de pesetas.

Además, los subinspectores recuerdan que cuando el ministro Rato y Costa presentaron en abril del 98 el nuevo IRPF, aseguraron que la pérdida recaudatoria del mismo (estimda por el Gobierno en un billón de pesetas en dos años) sería compensada parcialmente con unos mejores resultados en la lucha contra el fraude, recuperación que cifraban en 200.000 millones cada año.

Por todo ello y por la ineficacia de las accciones del Gobierno en su lucha contra el fraude fiscal, la Asociación de Subinspectores Fiscales cree que el Ejecutivo "no tiene más salidas que la subida de impuestos o la reducción de las prestaciones sociales, de no mediar medidas urgentes y eficaces".

juicio de esta asociación, la política del Gobierno en la lucha contra el fraude fiscal es "ineficaz e ilusoria", ya que se basa en fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, provocando una relajación y descontrol sobre los verdaderos defraudadores.

Esto, y la influencia negativa de "las tramas de corrupción de inspectores que están saliendo ahora a la luz pública", está provocando, según los subinspectores, "unos pésimos resultados". Además, denuncian que la Agencia Trubutariatiene "tanto pánico" a que esta corrupción se filtre al exterior que ha prohibido los accesos a las estadísticas nacionales a la mayoría de los puestos de jefaturas y altos cargos.