La proposición contiene varias medidas como la prohibición de poner el precio de licitación por debajo del 50por ciento del tasado, o la de adjudicar el bien al ejecutante en caso de subasta desierta.

Izquierda Unida también defiende la creación de una Oficina de Información de Subastas, el acceso al conocimiento físico del inmuebles por los posibles licitadores y la toma de posesión inmediata del bien.

Asimismo, propone prohibir la venta del inmueble durante el año siguiente a la adquisición en subasta, con el objetivo de evitar la especulación.

La proposición de IU propone incorporar estas modifiaciones a la legislación española con una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Hipotecaria sobre Subastas Judiciales de Bienes Inmuebles.

El diputado de IU Diego López Garrido dijo que sin estas reformas legislativas será imposible atajar el problema de los subasteros, detrás del que situó a importantes intereses inmobiliarios de la banca.