La investigación se abrió tras la denuncia del marinero Samuel Koufie, quien aseguró que le capitán no dio “en ningún momento” la orden de ponerse los trajes de supervivencia y que sólo él y su sobrino los llevaban en el momento de hundirse la embarcación el pasado 15 de febrero a 450 kilómetros de Terranova, dejando nueve muertos y 12 desaparecidos.

Estas revelaciones del marinero, que denunció presiones de su jefe, dieron pie a la Fiscalía para expresar sus “dudas” sobre la versión del capitán que está investigado por delitos de homicidio por imprudencia grave. El juez, en un auto dictado el pasado mes de abril, se apoyaba en el informe de la Guardia Civil que recogía los testimo testimonios contradictorios de los tres supervivientes.

El capitán aseguró que el motor del barco se paró sobre las cuatro de la madrugada y que el mal tiempo hizo que comenzara a entrar agua en la embarcación hasta que se escoró y se hundió. Padín dijo que en el momento de abrirse la vía de agua dio la orden de colocarse los trajes de supervivencia y chalecos salvavidas para después abandonar el barco.

Su sobrino, Eduardo Rial, declaró en el mismo sentido. Pero fue Samuel Koufie, el tercero de los supervivientes, quien discrepó de esta versión. Según declaró, los motores no dejaron de funcionar y fueron las máquinas que recogen el aparejo las que registraron incidencias porque no eran capaces de recoger las redes, lo que finalmente provocó la escora del barco. Según dijo, los marineros le pidieron que soltara los aparejos, pero el capitán se negó y fue más tarde cuando se pararon los motores.

Koufie relató cómo fueron falleciendo sus compañeros de balsa por hipotermia con sumo detalle. Además, la Fiscalía tiene importantes “dudas” sobre el relato del armador del que piensa que trata de “eludir las posibles responsabilidades”.

El Ministerio Público señala que los hechos desmienten la versión del capitán y su sobrino porque ninguno de los cuerpos recuperados ni el marinero superviviente llevaban puesto el equipo de seguridad y según los informes técnicos la velocidad de desplazamiento del buque poco antes de hundirse pone en cuestión que la parada de motores fuera la causa del naufragio. Por ello, la Fiscalía pide imputar al capitán 21 delitos de homicidio por imprudencia grave, y contra los derechos de los trabajadores.

Los familiares de los fallecidos y desaparecidos reclaman una investigación rigurosa del barco y la inspección del pecio para certificar la veracidad de los datos sobre el naufragio.

Por ello, piden que se intente llegar al barco. El Gobierno ya descartó emprender una misión para localizar el buque hundido, que podría estar a más de 1.000 metros de profundidad, lo que plantea dificultades técnicas importantes. Por su parte, las familias quieren que baje hasta el pecio un robot que compruebe si hay restos de los tripulantes y recoja pruebas.