“En este momento, no es que no estemos en condiciones de acordar. Es que no estamos ni por la labor de negociar una medida que ni es necesaria ni cuenta con el aval político suficiente para salir adelante”, declaró Sordo tras la reunión de este jueves entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con los sindicatos y patronal.

Para el líder sindical, lo “importante” en la negociación de esta última fase de la reforma de pensiones es “mejorar la estructura de ingresos de la Seguridad Social”. De hecho, señaló que “la mayor parte de las medidas que están en la mesa son positivas y esperamos alcanzar un acuerdo” en cuestiones como el destope de bases máximas, sobre pensiones mínimas o sobre el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI ), “que va a haber que alargarlo hasta mediados de siglo”.

Pero, en su opinión, hay un “elemento que está distorsionando la negociación”, que es la modificación del período de cómputo de la pensión. “Como hemos explicado, no es una materia en la que estemos de acuerdo y no hay un consenso político”, añadió Sordo, quien dijo también que no se trata tampoco de una recomendación del Pacto de Toledo.

MEJOR PROTECCIÓN

En cambio, en la reunión de este jueves, Seguridad Social detalló algunas cifras del impacto de la propuesta de ampliar el período de cómputo y subrayó, ante los agentes sociales, que su propuesta “protege mejor las pensiones de los nuevos entrantes en el mercado de trabajo ante carreras laborales menos lineales, cada vez más frecuentes”, según informaron fuentes del departamento dirigido por José Luis Escrivá.

En el encuentro del pasado lunes, Seguridad Social planteó vincular la evolución de la base máxima de cotización al criterio de revalorización de las pensiones, que es el IPC anual calculado en noviembre, así como un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050. Dicho incremento iría acompañado también de un aumento de la pensión máxima, aunque algo inferior.

Junto al destope de las bases de cotización máximas y las pensiones más elevadas, la propuesta inicial del Gobierno, ahora sujeta a la negociación con los interlocutores sociales, incluye la extensión moderada del periodo de cómputo de la pensión, que supone la elección de los mejores 28 años de 30 años (es decir, se descartan las peores 24 mensualidades), un cambio que se realizaría de manera progresiva.

En la propuesta del Gobierno también se incluye la mejora del tratamiento de las lagunas de cotización para las mujeres, y para los varones cuya carrera de cotización se haya visto minorada tras tener un hijo, en línea con el funcionamiento del complemento de brecha de género. Asimismo, se crea un tratamiento especial para las lagunas de cotización del colectivo de autónomos.