Según Jorge Roig, jefe del departamento de Medio Ambiente de la Red Eléctrica de España (Redesa), nunca han sometido proyecto alguno a una evaluación de impacto ambiental, aunque explicó que realizan estudis por cuenta propia.

Los tendidos eléctricos provocan anualmente la muerte de un número importante de aves y son la principal causa no natural de mortandad de águilas imperiales (un 61 por ciento del total), según revelan los datos oficiales.

La Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental (Coda) responsabilizó este verano a Hidroeléctrica Española de la muerte de once águilas imperiales entre enero de 1989 y diciembre de 1990 en la comarca de Montalbán, en Toledo.

El Canal de Isabel I ha tenido que instalar protectores de goma aislante en las torres rígidas de baja tensión que atraviesan la finca de Las Becerras, en Colmenar Viejo (Madrid), ya que durante el último año provocaron la desaparición de unas 80 aves, en su mayoría cigüeñas, rapaces y córvidos.

Por su parte, la Sociedad Española de Ornitología (Seo) ha denunciado a las autoridades de nuestro país ante la CE por considerar que los tendidos eléctricos pueden provocar la extinción de la avutarda en la zona de Madrigal-Peñranda, entre las provincias de Avila y Salamanca, que acoge uno de los hábitats más importantes en cuanto a concentración de la especie.

Hace sólo unos días, la Agencia de Medio Ambiente de Madrid expresó públicamente su preocupación por la muerte, en menos de una semana, de dos águilas imperiales que chocaron con una línea eléctrica situada en la localidad de Navas del Rey.

Sin embargo, Jorge Roig aseguró que el impacto de los tendidos eléctricos "es reducido", ya que, según explicó, éste se limta a los trastornos visuales que ocasiona.

A su juicio, lo importante a la hora de construir una línea de este tipo "es elegir el trazado adecuado, que deberá definirse en función del terreno".

Expertos en evaluaciones de impacto ambiental del MOPT no supieron dar una explicación razonable a esta laguna que sufre la directiva española que regula estos aspectos y que ya hace más de tres años que entró en vigor, concretamente en julio de 1988.