La organización ecologista WWF, que ha analizado todos los consistorios españoles de más de 20.000 habitantes, afirmó hoy que además, otros 32 han mostrado su compromiso, pero no han avanzado en el desarrollo de medidas concretas o en su aplicación, mientras que el resto, 303 ayuntamientos (el 98%), ni siquiera ha tomado postura al respecto.

Según Félix Romero, Responsable de Bosques de WWF España: "Estos datos son especialmente preocupantes porque existe una legislación nacional, la Ley 43 de Montes de 2003, que incorporó en 2006 la demanda de medidas a las Administraciones públicas para evitar la compra de madera procedente de talas ilegales e insostenibles".

A su vez, el resultado del Observatorio "Ciudades por los Bosques" contrasta con los datos de una encuesta realizada en la UE por WWF y Amigos de la Tierra que desvela que el 92% de los ciudadanos europeos y, hasta el 98% en el caso español, apoyan el desarrollo de una ley que frene el comercio de madera de origen ilegal en el mercado comunitario.