Así lo concluye el Observatorio "Ciudades por los bosques", instrumento con el que esta ONG evalúa las medidas que toman los ayuntamientos españoles de más de 20.000 habitantes para evitar comprar productos forestales de origen ilegal o insostenible.

Según WWF, otras 32 entidades públicas ya han mostrado su compromiso en esta materia, aunque "no han avanzado en el desarrollo de medidas concretas" o en su aplicación.

Esta organización conservacionista señala que las Administraciones públicas españolas gastan anualmente más de 2.000 millones de euros en madera y papel, y que son necesarias cada año dos millones de hectáreas de superficie forestal para satisfacer sus necesidades.

LEÓN, "CIUDAD POR LOS BOSQUES"

WWF ha concedido este año el reconocimiento "Ciudad por los bosques" a León, "por su compromiso con la compra pública responsable de productos forestales". Según indica, el consistorio leonés "prima en sus contratos la adquisición de madera y papel certificados por el sistema FSC", sello que garantiza que los productos provienen de bosques gestionados de forma sostenible.

Los ecologistas recuerdan que en 2006 la Ley de Montes incorporó la necesidad de que las Administraciones públicas tomaran medidas para impedir la compra de madera procedente de talas ilegales.

"Las Administraciones públicas son responsables del 18% del total de los productos de madera y papel que se consumen en España. Los ayuntamientos deben utilizar este poder de compra para fomentar la gestión sostenible de los bosques", concluye Félix Romero, del programa de Bosques de WWF España.