María Salom, del PP, denunció el comportamiento "intolerante, inflexible" del Gobierno al enfrentarse a la Iglesia y por "no respetar la libertad de opinión, la ideológica, la religiosa o de manifestación".

Salom acusó al Gobierno de vulnerar la libertad religiosa, de querer romper la auténtica esencia del principio de aconfesionalidad del Estado y de "insultar" a la jerarquía eclesiástica después de décadas de normalidad en la relación entre ambas instituciones.

Juzgó una "muestra de totalitarismo" la reflexión del presidente diciendo "que prefiere a unos obispos que a otros", y subrayó que un Gobierno democrático no puede "imponer estilos de vida, una moral, ingeniería social ni moldear su conciencia en las aulas".

Acusó al Gobierno de imponer "un laicismo obligatorio" y de emprender una "ofensiva contra los católicos" en la que quiere centrar la campaña electoral a la vista de todos sus demás fracasos.

Muy duro fue también Jordi Xuclà, de CiU, que preguntó a la vicepresidenta por qué "nos ha hecho perder el tiempo hoy con esta comparecencia" sobre un tema que no ha sido objeto de debate parlamentario durante toda la legislatura "y se convoca ahora, en tiempo de descuento electoral".

Xuclà defendió las bases del Estado aconfesional y abogó por mantener las creencias en el ámbito de lo privado, pero especuló con la posibilidad de que De la Vega usara la Comisión Constitucional como un "púlpito laico" desde el que enviar un mensaje a "los convocantes de la manifestación del 30 de diciembre".

Consideró que la vicepresidenta "se ha equivocado de lugar" para hacerlo y le reprochó que haya tomado a los parlamentarios como "figurantes" de esta escenificación.

"Usted no ha comparecido para informar, sino para polarizar" y para intentar que el Parlamento "tome partido entre monseñor Blázquez y monseñor Rouco", dijo Xuclà a la vicepresidenta, sin entrar en ningún momento en el fondo de la cuestión.

MIEDO DEL GOBIERNO A LA IGLESIA

Muy duro con el Gobierno fue también Joan Tardà, de ERC, convencido de que el periodo preelectoral es el único motivo de la comparecencia de la vicepresidenta con el objetivo de "simular que plantan cara a la derechona".

Tardà denunció los "privilegios heredados del pasado" de los que sigue gozando la Iglesia, y acusó al Gobierno de no haber querido eliminarlos debido a "miedo demoscópico o de otro tipo".

La consecuencia es que "los obispos se les han subido a las barbas", porque se han dado cuenta de ese miedo y "se retroalimentan" con los sectores más conservadores del PP.

Más templado con el Gobierno fue Aitor Esteban, del PNV, que expuso su tesis de que la Iglesia Católica está "habituada a un acceso directo al poder" en España y pretende defender esa potestad irrumpiendo en el juego político.

Como católico y representante de la voluntad popular, Esteban rechazó las acusasiones de regresión de la democracia y de los derechos humanos, una injerencia "que no parece de recibo" en una democracia, como tampoco lo es que se quiera limitar el ámbito de la familia al modelo cristiano o que se critique el matrimonio homosexual y no los "adaptables criterios" del tribunal de La Rota para disolver uniones católicas.

Pese a respetar el derecho de cualquiera a manifestarse en las calles, Esteban alertó a la jerarquía católica de que supone "un error" plantear sus reivindicaciones de esa forma, porque puede poner en riesgo una relación hasta ahora estable con las instituciones estatales.

En todo caso, se mostró satisfecho con las palabras de Fernández de la Vega, porque lo adecuado ahora es administrar la situación "con moderación y tranquilidad", sin la beligerancia que algunos desean porque ambas partes están "obligadas a entenderse".

Joan Herrera, portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, habló de la jerarquía ecleciástica como "punta de lanza de la derecha más rancia", que añora los tiempos del nacionalcatolicismo.

Herrera recordó la frase de José María Aznar sobre los autores del 11-M para coincidir con él en que "el integrismo está más cerca de lo que pensamos" y el Gobierno no ha sabido hacerle frente. Muestra de ello, dijo, es que el embajador español en el Vaticano es una especie de "agente doble", o de "nuncio" ante la Santa Sede.

Sin embargo, consideró la posibilidad de que con esa concentración la jerarquía eclesiástica "nos ha hecho un favor", porque facilita el camino a la auténtica aconfesionalidad y laicidad del Estado.

En lugar de la doctrina cristiana de "poner la otra mejilla", Herrera abogó por otro dicho, "rectificar es de sabios", llamando a consultas al embajador como "gesto de fuerza" ante el Vaticano, y por impulsar en la próxima legislatura "un polo laico".

"LOS PECADOS EN DELITO"

En nombre del PSOE, José Andrés Torres Mora reconoció que la concentración del día 30 fue democrática, pero subrayó que su objetivo era "mermar" derechos y libertades aprobados por las Cortes.

Aquella concentración fue "un acto de vitalidad democrática", dijo, precisamente porque existen una serie de derechos y libertades que el Gobierno reconoce y respeta, y sobre los que reclama también el respeto a su opinión sobre esas críticas.

Democracia es permitir y aceptar las críticas, dijo, pero no necesariamente "sin rechistar". Sobre la cuestión de fondo, se mostró partidario de debatirla cuando exista "serenidad de ánimo" para evitar el inicio de "una bronca".

Torres Mora acusó al PP de ser el brazo político de los sectores más retrógrados del episcopado, que esconden sus verdaderas intenciones: hacer realidad el "viejo sueño de esos cardenales, convertir el pecado en delito y las concepciones morales privadas en norma de obligado cumplimiento".