Publicado este jueves, el trabajo afirma que esta prestación "podría reducir la tasa de pobreza severa en más de cinco puntos para toda España, pero está llegando solo a los dos puntos de reducción".

El estudio, titulado ‘La garantía de ingresos como derecho de ciudadanía. El impacto del Ingreso Mínimo Vital y su articulación con las Rentas Mínimas autonómicas: una estimación’, se basa en una simulación a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida.

Hasta febrero de 2023 (referencia del estudio), se habían aprobado 578.000 solicitudes, lo que implica 1,63 millones de personas beneficiarias en términos acumulados. Un 84% de los hogares con derecho a la prestación según la normativa vigente quedaría, de acuerdo con estos datos, fuera de su alcance.

Elaborado por los sociólogos José Antonio Noguera, Ález G. de la Prada y Emma Álvarez Cronin, el estudio detecta dos tipos de problemas en el acceso al IMV. Por un lado, algunos requisitos y condiciones de acceso de la prestación impiden una cobertura más amplia, por dejar fuera a determinados colectivos.

A ello se suman el desconocimiento de su existencia, las dificultades relativas a la solicitud (brecha digital, burocracia…) o el estigma social asociado a ser beneficiario de este tipo de prestaciones provocan que algunas personas no lleguen a solicitarla.

RENTAS AUTONÓMICAS

Además, la investigación lleva a cabo un análisis comparativo de tres comunidades autónomas (País Vasco, Cataluña y Madrid), y muestra que una estrategia adecuada de combinación de esta prestación con otras rentas mínimas autonómicas "puede mejorar su alcance de forma sustancial", como ocurre en el País Vasco.

Por el contrario, en comunidades como la de Madrid "se está produciendo una sustitución prácticamente completa de la renta mínima por el Ingreso Mínimo Vital", destaca, "sin que esos recursos se reorienten a otras prestaciones similares". En un punto intermedio, en Cataluña las dos prestaciones se complementan y alcanzan así a más personas.

Como conclusión, Oxfam Intermón y Future Policy Lab proponen incluir a todas las personas de entre 18 y 23 años como potenciales titulares de la prestación o garantizar que las menores de 30 años pueden acceder al IMV con los mismos requisitos de acceso que el resto de población adulta. A su juicio, ello mejoraría la tasa de cobertura de la prestación.

Asimismo, reclaman modificar el período de cómputo de los ingresos, flexibilizar los requisitos de patrimonio, aumentar cuantías y umbrales, generalizar los incentivos al empleo y ampliar y homogeneizar la cuantía del complemento a la infancia en todos los tramos de edad, así como medidas relativas a la simplificación de procedimientos y requisitos y a la integración con la fiscalidad.