El estudio "La universidad española en cifras 2006", elaborado por el profesor de la Universidad de Jaén Juan Hernández Armenteros, refleja que un 35% de los alumnos de nuevo ingreso solicitan beca y sólo el 25% cumple los requisitos económicos para acceder a ella (es decir, su renta "per capita" es inferior al máximo establecido). Finalmente, sólo el 15% de estos estudiantes pasan la criba de los rendimientos académicos mínimos fijados.

Por su parte, el presidente de la CRUE, Juan Vázquez, señaló que "la inversión universitaria ha mejorado mucho en los últimos años, pero aún hay mucha distancia con respecto a la media de los países desarrollados".

En este sentido, recordó que la media de la OCDE supone un 1,5% del PIB, frente al 1,12% español. A este respecto, Hernández Armenteros añadió que, para ponernos al nivel de la OCDE, habría que incrementar la inversión universitaria en 2.350 millones de euros.

Por otro lado, el documento presentado hoy por la CRUE incide en el incremento que ha experimentado el gasto en investigación. Si en 1998 la inversión de las universidades para este concepto suponía un 34,19%, en 2004 era del 46,09%.

"Este estudio demuestra que está cayendo la inversión en ladrillos y está aumentando la inversión en equipamientos y desarrollo", señaló Vázquez. "De cada cien euros que obtenemos las universidades, 11 vienen de la investigación".

DIFERENCIAS POR COMUNIDADES

Llaman la atención las fuertes diferencias entre comunidades autónomas en lo que se refiere al gasto por alumno. Así, la Universidad Pública de Navarra gastó en 2004 un total de 6.118 euros por estudiante, frente a los 2.747 que gastó Extremadura.

Desde 1996, año en que se completó la transferencia de las competencias educativas a las comunidades autónomas, la divergencia entre regiones ha sido cada vez mayor. Según Hernández Armenteros, las comunidades autónomas tienen diferentes "sensibilidades" en materia universitaria.

Las transferencias que más han crecido desde 1996, alcanzando la media estatal, han sido las de Aragón, Baleares, Murcia, Castilla-La Mancha y Castilla y León. También han crecido las de Comunidad Valenciana, Navarra, Cantabria, Madrid y País Vasco, si bien partían de niveles muy altos de transferencias por parte de sus respectivos gobiernos.

Por el contrario, no han experimentado crecimientos las transferencias de los gobiernos de La Rioja, Canarias y Cataluña. Tampoco lo han hecho las de Andalucía, Asturias, Galicia y Extremadura que, además, ya se situaban por debajo de la media en 1996.