“Se acabó la impunidad”, señaló el sindicato Solidaridad en sus redes sociales, haciendo alusión a la intervención policial que tuvo lugar ayer durante la protesta que se produjo ante la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz contra la amnistía a los implicados en el ‘procés’ que prepara el Gobierno y que se saldó con tres detenidos.

En concreto, las querellas presentadas contra Marlaska, Aguirre y los agentes de policía son por “delitos de tortura y delitos contra la integridad moral (arts. 173 y ss. CP), delito cometido por los funcionarios públicos contra otros derechos individuales (art. 540 CP), delito de prevaricación (art. 404 CP) y delito leve de lesiones (art. 147.3 CP)”.

En un comunicado, Solidaridad considera “inaceptable” el “uso ilegítimo” de la Policía Nacional para “los intereses propios del PSOE, utilizando la fuerza de manera desproporcionada para reprimir una concentración convocada legalmente y desarrollada de manera pacífica, llegando incluso los agentes a utilizar gases lacrimógenos frente a niños y personas de avanzada edad”.

Por ello, continúa Solidaridad en este comunicado, en el escrito de querella presentado solicita al Tribunal Supremo que, con carácter de urgencia, oficie al Samur “a fin de evaluar las lesiones ocasionadas por la actuación policial, así como la declaración de los querellados”.

Este sindicato, tras conocer el acuerdo de investidura alcanzado entre el PSOE y ERC, al entender que incluye una ley de amnistía para favorecer a personas vinculadas con el ‘procés’, ya señaló que estaba estudiando la forma “legal” para, “pese a no ser sindicato mayoritario”, poder convocar una huelga general en España.

Entre otros miembros de Vox, a la protesta que comenzó ayer a las 20.00 horas acudió el líder del partido, Santiago Abascal; el jefe de la delegación europea de esta formación, Jorge Buxadé; el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, y el senador Ángel Pelayo, además de otros diputados.