A través de un comunicado, el sindicato señala que, tras las informaciones que recogen la posibilidad de que los traductores o interpretes contratados por el Congreso sean “falsos autónomos”, ha decidido denunciar esta situación ante Inspección de Trabajo con el fin de que “se resuelvan las dudas y se garanticen los derechos de los trabajadores”.

El secretario general del sindicato Solidaridad, Rodrigo Alonso, señaló que no le sorprendería que “progresistas e independentistas hayan puesto sus intereses políticos por delante de los derechos de los trabajadores”. Añadió que “hemos visto muchas veces, como en el caso de los sindicatos UGT y CCOO o de Podemos, que a la hora de despedir a los suyos indemnizan con el mínimo posible por ley”.

“Su protección de los trabajadores se reduce a palabras vacías”, subrayó Alonso, quien agregó que “al tratarse de un contrato menor de servicios, el límite de contratación serán 15.000 euros hasta final de año para cada traductor, de manera que, superada esa cantidad, el Congreso no podrá contratar de nuevo sus servicios”. “Es decir, que todo apunta a que la contratación ha sido una chapuza”, criticó.